La semana pasada, en esta serie que presento en conmemoración del Centenario de la Revolución, describía cómo trajeron los revolucionarios constitucionalistas un avión de contrabando a Sonora en 1913. Pero además hubo otros casos de contrabando de armas por Nogales, en incidentes que nos ilustran sobre los métodos ideados para llevar a cabo este comercio subrepticio en la frontera.
El lunes 12 de mayo de 1913 eran acusados J W Wright, Jefe de Policía de Nogales, Arizona, un personaje de Nogales, Sonora y Jack Wilson, mesero del bar del hotel Montezuma de Nogales, Arizona (en la foto de la derecha aparece el Hotel Montezuma, en foto tomada durante la década de 1940), de violar el embargo estadounidense existente contra la exportación de armas a México; pero lo más grave, de intentar robar y contrabandear hacia Sonora armas y municiones adquiridas ilegalmente en el campamento militar estadounidense establecido en la vecina población.
Todo había empezado cuando el mesero del Montezuma le había preguntado varias veces al cabo Leon D. Smith si podría adquirir forraje, armas y municiones del campamento, y el sábado 10, Wilson lo había llevado a su cuarto del hotel, en donde un sonorense ofreció pagarle $40 por millar de balas y $8 por cada pistola que el militar le entregase, a lo que Smith le respondió que vería cuantas podía obtener.
Ya de regreso a su campamento, el cabo les reportó el incidente a sus superiores, quienes idearon un plan para arrestar a los conjurados. Así fue como el cabo Smith acudió el día siguiente, domingo, al hotel Montezuma y le dijo al mesero que le entregaría entre 41,000 y 42,000 balas, y una caja con 60 pistolas. Al rato se presentaba también el Jefe de Policía de Nogales, Arizona, a quien por separado el militar le dijo que se sentía mal porque estaban cometiendo un acto ilegal. La respuesta que obtuvo del policía fue que no se preocupara, que todo estaba bien, "aquí somos algo así como la policía de Nueva York, nada de esto puede hacerse si no entramos en el trato."
En seguida, y siguiendo las instrucciones de sus superiores, el militar les pidió a los conjurados que lo acompañaran al campamento militar para recogerlas. Eso hicieron, y cuando iban cargando las cajas de regreso a Nogales, Sonora, fueron arrestados, y un día después, al cruzar la frontera, el sonorense fue también detenido.
Una semana más tarde, las autoridades de Nogales, Sonora, le presentaban a las autoridades estadounidenses una confesión firmada por un joven que habían detenido, José A. Manuel, en la que éste implicaba a varios mexicanos, enemigos de los constitucionalistas y que vivían refugiados en Nogales, Arizona, en un intento de comprar "armas, municiones, petróleo para quemar algunos edificios y puentes de Nogales, Sonora y Hermosillo". Los acusados en esta nueva denuncia eran: Luis Estrella, Antonio León, Alberto Mascareñas, Carlos F. Moctezuma, Cayetano Montenegro, Adolfo Pecina, Cosme Rivero y Gabriel Torrero, por lo que las autoridades de Arizona ordenaron a su vez el arresto de este otro grupo e iniciaron una investigación penal.
El día 26 se realizaba la primera audiencia sobre esta última acusación y se consiguió que el muchacho que había firmado la confesión fuese entregado por las autoridades sonorenses para que declarara en Arizona. Sin embargo, al verse ya libre en territorio arizonense se desdijo, agregando que no conocía a ninguno de los acusados, que en la cárcel lo habían visitado tanto Calles como el Mayor Orozco, ordenándole que confesara que los mencionados le habían pedido adquirir esas armas, que el mismo Mayor Orozco había escrito la confesión y luego lo había llevado a una cañada, en las afueras de Nogales, en donde le dijeron que si no la firmaba ahí mismo, lo matarían. Así que tuvo que signarla.
Al escuchar esta declaración verbal del muchacho, el juez ordenó que los acusados quedaran libres, agregando que, en su opinión "todo este complot es un esfuerzo de parte de las autoridades estatales [sonorenses] para lograr inmunidad para los implicados en el asunto de las armas del ejército".
Por otro lado, el juicio de los acusados de robo de armas del campamento militar fue diferido hasta fines de ese año. Es posible que haya habido un acuerdo no divulgado entre las autoridades estadounidenses y los constitucionalistas: a cambio de olvidar el problema legal, los constitucionalistas se comprometerían a no intentar importar armas a Sonora por Nogales.
Supongo esto porque desde ese momento Nogales no vio la abundancia de casos de contrabando de armas durante los periodos estadounidenses de embargo, contrabandos que por otro lado sufrirían Naco, Agua Prieta y Cd. Juárez, en donde se intensificarían al grado de que el periódico Washington Post llegó a denunciar en 1915 a una tienda en El Paso que había vendido rifles Winchester y balas, durante los dos años anteriores, suficientes para matar a cada uno de los habitantes de México.
El lunes 12 de mayo de 1913 eran acusados J W Wright, Jefe de Policía de Nogales, Arizona, un personaje de Nogales, Sonora y Jack Wilson, mesero del bar del hotel Montezuma de Nogales, Arizona (en la foto de la derecha aparece el Hotel Montezuma, en foto tomada durante la década de 1940), de violar el embargo estadounidense existente contra la exportación de armas a México; pero lo más grave, de intentar robar y contrabandear hacia Sonora armas y municiones adquiridas ilegalmente en el campamento militar estadounidense establecido en la vecina población.
Todo había empezado cuando el mesero del Montezuma le había preguntado varias veces al cabo Leon D. Smith si podría adquirir forraje, armas y municiones del campamento, y el sábado 10, Wilson lo había llevado a su cuarto del hotel, en donde un sonorense ofreció pagarle $40 por millar de balas y $8 por cada pistola que el militar le entregase, a lo que Smith le respondió que vería cuantas podía obtener.
Ya de regreso a su campamento, el cabo les reportó el incidente a sus superiores, quienes idearon un plan para arrestar a los conjurados. Así fue como el cabo Smith acudió el día siguiente, domingo, al hotel Montezuma y le dijo al mesero que le entregaría entre 41,000 y 42,000 balas, y una caja con 60 pistolas. Al rato se presentaba también el Jefe de Policía de Nogales, Arizona, a quien por separado el militar le dijo que se sentía mal porque estaban cometiendo un acto ilegal. La respuesta que obtuvo del policía fue que no se preocupara, que todo estaba bien, "aquí somos algo así como la policía de Nueva York, nada de esto puede hacerse si no entramos en el trato."
En seguida, y siguiendo las instrucciones de sus superiores, el militar les pidió a los conjurados que lo acompañaran al campamento militar para recogerlas. Eso hicieron, y cuando iban cargando las cajas de regreso a Nogales, Sonora, fueron arrestados, y un día después, al cruzar la frontera, el sonorense fue también detenido.
Una semana más tarde, las autoridades de Nogales, Sonora, le presentaban a las autoridades estadounidenses una confesión firmada por un joven que habían detenido, José A. Manuel, en la que éste implicaba a varios mexicanos, enemigos de los constitucionalistas y que vivían refugiados en Nogales, Arizona, en un intento de comprar "armas, municiones, petróleo para quemar algunos edificios y puentes de Nogales, Sonora y Hermosillo". Los acusados en esta nueva denuncia eran: Luis Estrella, Antonio León, Alberto Mascareñas, Carlos F. Moctezuma, Cayetano Montenegro, Adolfo Pecina, Cosme Rivero y Gabriel Torrero, por lo que las autoridades de Arizona ordenaron a su vez el arresto de este otro grupo e iniciaron una investigación penal.
El día 26 se realizaba la primera audiencia sobre esta última acusación y se consiguió que el muchacho que había firmado la confesión fuese entregado por las autoridades sonorenses para que declarara en Arizona. Sin embargo, al verse ya libre en territorio arizonense se desdijo, agregando que no conocía a ninguno de los acusados, que en la cárcel lo habían visitado tanto Calles como el Mayor Orozco, ordenándole que confesara que los mencionados le habían pedido adquirir esas armas, que el mismo Mayor Orozco había escrito la confesión y luego lo había llevado a una cañada, en las afueras de Nogales, en donde le dijeron que si no la firmaba ahí mismo, lo matarían. Así que tuvo que signarla.
Al escuchar esta declaración verbal del muchacho, el juez ordenó que los acusados quedaran libres, agregando que, en su opinión "todo este complot es un esfuerzo de parte de las autoridades estatales [sonorenses] para lograr inmunidad para los implicados en el asunto de las armas del ejército".
Por otro lado, el juicio de los acusados de robo de armas del campamento militar fue diferido hasta fines de ese año. Es posible que haya habido un acuerdo no divulgado entre las autoridades estadounidenses y los constitucionalistas: a cambio de olvidar el problema legal, los constitucionalistas se comprometerían a no intentar importar armas a Sonora por Nogales.
Supongo esto porque desde ese momento Nogales no vio la abundancia de casos de contrabando de armas durante los periodos estadounidenses de embargo, contrabandos que por otro lado sufrirían Naco, Agua Prieta y Cd. Juárez, en donde se intensificarían al grado de que el periódico Washington Post llegó a denunciar en 1915 a una tienda en El Paso que había vendido rifles Winchester y balas, durante los dos años anteriores, suficientes para matar a cada uno de los habitantes de México.
