domingo, 12 de septiembre de 2010

El Plan de Agua Prieta

Ya desde el maderismo había aflorado el problema de la jurisdicción, federal o estatal, sobre los ríos de Sonora y San Miguel, aunque el Presidente Francisco I. Madero decidió que eran estatales.

Pasaron los años, y al lanzarse Alvaro Obregón a la campaña presidencial con el manifiesto de Nogales del 1 de junio de 1919, la pugna se reavivó. Diez días después de su manifiesto, el gobierno federal le comunicaba al Gobernador de Sonora, Plutarco Elías Calles, que el Presidente “ha tenido a bien declarar que las aguas del río de Sonora son propiedad de la Nación, atendiendo a que tiene aguas permanentes…” La razón que se argumentaba radicaba en el Artículo 27 de la Constitución, que entonces definía como federales las aguas “de los ríos principales o arroyos afluentes desde el punto en que brota la primera agua permanente hasta su desembocadura…” 

El Gobernador se dio por enterado, pero su sucesor, Adolfo De la Huerta, se quejó contra esta declaratoria, y en diciembre de 1919 y enero siguientes, ordenó que se escribieran una serie de editoriales en el periódico “Orientación” de Hermosillo para negar la validez de estas designaciones federales.

Además, el 13 de enero de 1920, el Gobernador le hacía una formal solicitud al Presidente Carranza, pidiéndole una revisión a esta declaratoria. Sus cauces, decía, eran torrenciales, no permanentes; se usaban únicamente durante el estiaje; los municipios basaban sus presupuestos en los impuestos del uso del agua; y sus márgenes estaban cubiertas por pequeñas propiedades que resultarían afectadas en el caso de que se declarara federal el cauce. Sin embargo se reafirmó la declaratoria federal, por lo que nuevamente el Gobernador le pidió que viera “cinta cinematográfica tomada en ésta durante los seis meses que estuvo aquí señor Carranza … y verá evoluciones de la escolta del jefe sobre lecho del río de Sonora no encontrándose agua. Durante esta misma permanencia señor Presidente podrá decir a usted que no hubo agua en el río…” (En la foto adjunta aparece Venustiano Carranza y José María Maytorena durante una cabalgata sobre el lecho seco del río de Sonora, en la época mencionada)



Además, mandó las protestas contra la declaración de ríos federales emitidas por los Ayuntamientos de Aconchi, Arizpe, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Cucurpe, Hermosillo, Horcasitas, Huépac, San Felipe y Ures.

Pero la decisión federal no obedecía a razonamientos sino a cuestiones políticas, y tampoco sirvió de nada, ya que en la respuesta se argumentaba: “Presentan largo curso de corriente permanente sólo interrumpida por tramos en virtud aprovechamiento agrícola de sus aguas que indudablemente desembocan en el mar … [agregando que] la mayor parte de las corrientes que corresponden a las vertientes del Pacífico y del Golfo, presentan tal analogía de condiciones con el mencionado río de Sonora, que obligaría… a abandonar toda jurisdicción sobre las corrientes en cuestión…” Es decir, se equiparaba a los ríos de la región tropical de la costa del Pacífico de nuestro país con los de la desértica de Sonora.

Vendría después la decisión de Carranza de destacar al Gral. Manuel M. Diéguez como Jefe de Operaciones Militares en el Noroeste para aplacar a los Yaquis, aunque como le informó el Gobernador, éstos se encontraban en paz, y agregó que estas fuerzas venían en realidad para deponerlo por sus simpatías hacia Obregón. Además, se quejaba contra la presencia de Diéguez, a quien los Yaquis tenían “marcada hostilidad” por considerarlo un traidor al acuerdo de paz que había hecho con ellos en 1915; eso provocaría que nuevamente se alzasen.

Carranza le respondió el día 9 que no tenía por qué explicarle sus acciones y que cualquier intento de interferir contra las fuerzas federales sería visto como rebelión. Un día después, el Congreso de Sonora le otorgaba al Gobernador poderes especiales para enfrentarse contra “el deliberado propósito de burlar nuestra soberanía.” Queda afuera de las metas de este artículo hacer la crónica de lo sucedido después: los sonorenses firmaron el Plan de Agua Prieta el 23 de abril y se levantaron en armas contra Carranza, quien fue muerto la noche del 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo, Puebla.

Después del triunfo del grupo sonorense, el nuevo Presidente Interino de México, el mismo Don Adolfo de la Huerta le comunicaba al nuevo Gobernador Interino del Estado, ya que De la Huerta aún era el Gobernador Constitucional con licencia que: “el río de Sonora es de carácter torrencial e intermitente… perdiéndose en los arenales de la costa antes de llegar al Golfo de California… [y por lo tanto] las aguas del mismo… forman parte integrante de las propiedades privadas que atraviesa y … son de utilidad pública, pero quedando el uso de ellas sujeto a las disposiciones que sobre el particular dicte el Estado de Sonora.”


(En la foto de arriba aparece el Presidente Adolfo de la Huerta (el civil vestido en obscuro en la primera fila) después del triunfo del Plan de Agua Prieta. Lo flanquean Benjamín Hill -izquierda- y Plutarco Elías Calles -derecha.)

Actualmente, el Artículo 27 ha sufrido 15 reformas, y su párrafo Quinto dos. Hoy, el río de Sonora y el de San Miguel han regresado a la Federación, siguiendo la intención de los Constituyentes de 1917 cuando establecieron que la Nación es la “propietaria original” de los recursos naturales del país; o en un sentido conceptual correcto, la Nación conserva el “dominio eminente” sobre los recursos de su territorio.

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