Y así llegamos al tema más fragoso de esta serie: la persecución religiosa durante el periodo revolucionario, cuyo clímax ocurrió durante el gobierno del Presidente Plutarco Elías Calles.
Y aunque este espacio no me permite describir su desarrollo histórico completo, debo explicar que sus orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo XVIII, durante la Ilustración, cuando inició el conflicto entre los poderes de la Iglesia y de los nacientes Estados seculares.
Posteriormente, el conflicto se expresa en México durante la época del Liberalismo a través de la Constitución de 1857, y aún después, el Porfirismo diseñaría un “modus vivendi” en el que el Estado voltaba la cabeza a otro lado al momento de hacer cumplir la Constitución del 57 en cuestiones eclesiales, ignorando las violaciones a ésta.
Sin embargo, cuando estalla la Revolución Mexicana, el Estado revolucionario buscó tomar las riendas de la espiritualidad social, no únicamente en el campo de las artes sino también en el de la cultura y la religión, y así se reanudó la pugna secular-religiosa.
Aquí, en Sonora, el conflicto inició durante la gubernatura de Plutarco Elías Calles cuando éste ordenó, el 16 de marzo de 1916, la expulsión inmediata de todos los sacerdotes del Estado y el cierre de los templos, entre ellos el nogalense de la Purísima Concepción, que fue clausurado. No sería sino hasta 1918 cuando permitió la entrada temporal de sacerdotes al Estado a realizar servicios religiosos, y en abril de 1919 firmó un decreto que establecía una cuota de un sacerdote por cada diez mil habitantes: 26 en total para todo Sonora. Para entonces, había sido promulgada la Constitución nacional de 1917, que en sus artículos tercero y ciento treinta reforzaba la separación Iglesia –Estado, además de la preponderancia del poder secular sobre el religioso.
Poco después, ya en 1926, el periódico El Universal publicó unas declaraciones que había realizado el Arzobispo de México, José Mora del Río:
“La doctrina de la Iglesia es invariable, porque es la verdad divinamente revelada. La protesta que los prelados mexicanos formulamos contra la Constitución de 1917 en los artículos que se oponen a la libertad y dogmas religiosos, se mantiene firme. No ha sido modificada sino robustecida, porque deriva de la doctrina de la Iglesia. La información que publicó El Universal de fecha 27 de enero en el sentido de que emprenderá una campaña contra las leyes injustas y contrarias al Derecho Natural, es perfectamente cierta. El Episcopado, clero y católicos, no reconocemos y combatiremos los artículos 3o., 5o., 27 y 130 de la Constitución vigente. Este criterio no podemos, por ningún motivo, variarlo sin hacer traición a nuestra Fe y a nuestra Religión”.
Estas declaraciones que, aunque el mismo Mora del Río declaró que eran extemporáneas, llevaron al Presidente Plutarco Elías Calles a reglamentar esos artículos de la Constitución, y el 2 de julio fue promulgada la conocida como Ley Calles, que ordenaba el cierre de todos los monasterios y conventos, la expropiación de algunos templos, y la expulsión de más de 200 sacerdotes y monjas extranjeros. Estas disposiciones llevaron, a su vez, a que los Obispos emitieran una pastoral suspendiendo el culto a partir del 31 de julio, cuando entraría en vigor la ley Calles. Unas semanas después iniciaba una insurrección, la Guerra Cristera, que duraría tres años y abarcaría principalmente los Estados de Jalisco, Colima y Michoacán, mientras que en lo político vendría la reelección de Álvaro Obregón, su asesinato, y el gobierno provisional de Emilio Portes Gil (1928-1930).
Durante el periodo de este último, a instancias del Embajador Estadounidense, Dwight Morrow, se llegó a un acuerdo, el 21 de junio de 1929, entre el Presidente y el Obispo de Michoacán, Leopoldo Ruiz Flores, por el que terminó la guerra cristera. El Estado conservó el status prebélico y la Iglesia reanudó el culto.
Finalmente, el tercer periodo de suspensión de cultos inició, aquí en Sonora, en 1931 bajo la gubernatura de Rodolfo Elías Calles Chacón (1931-1935). En noviembre de 1931 ordenó reducir el número de sacerdotes a uno por cada 20 mil habitantes y así quedaron 16 sacerdotes para administrar más de 90 templos católicos en Sonora; gran cantidad de templos fueron clausurados, santos quemados, y los sacerdotes tuvieron que acudir a la clandestinidad para oficiar.
Entre 1933 y 34, al menos 26 iglesias y capillas católicas y protestantes sonorenses pasaron a propiedad de sindicatos y de otras organizaciones. La de Magdalena y la catedral de Hermosillo corrieron esta suerte, y el de La Purísima Concepción de Nogales fue clausurado nuevamente; mientras, el Estado organizaba actos dominicales que pretendían reemplazar los oficios religiosos por actividades culturales para controlar la mente juvenil.
El templo de Magdalena, durante la época en que estuvo clausurado y convertido en oficinas. |
Poco después, miembros de la sociedad se organizaron en oposición al gobierno conforme se aproximaban las elecciones para renovación de Gobernador, aunque resultó electo Ramón Ramos, un Callista. En lo nacional, afloró entonces la pugna entre el nuevo Presidente, Lázaro Cárdenas (1934-1940), y Elías Calles, quien había conservado el control nacional detrás de bambalinas.
En Sonora, Pablo Rebeil en el Distrito de Altar, y José María Suárez en el de Magdalena, se levantaron en armas en octubre de 1935 contra el gobernador Ramos, lo que aprovechó Cárdenas para hacer desaparecer los poderes del Estado y extirpar a los callistas en Sonora. Además, en abril de 1936 desterró al expresidente Elías Calles del país. Seguiría la reanudación de cultos, y el 1 de junio de 1937 fueron reabiertos los templos católico y metodista de Nogales, y así terminó el conflicto.
Estos breves párrafos bosquejan los principales hechos de la negociación entre el Estado y la Sociedad, con la intermediación de la Iglesia, en la definición de las reglas de interacción Estado-Sociedad en lo religioso durante el régimen posrevolucionario; pero también, nos muestran el acotamiento del poder secular sobre la espiritualidad mexicana, que estableciera entonces la sociedad del país.
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